La obligación de transmisión de información y la petición de asistencia a Eurojust derivada del uso de instrumentos de reconocimiento mutuo se regirán por lo establecido en la Ley sixteen/2015, de seven de julio, por la que se regula el estatuto del miembro nacional de España en Eurojust, los conflictos de jurisdicción, las redes judiciales de cooperación internacional y el private dependiente del Ministerio de Justicia en el exterior, así como su normativa de desarrollo.
three. En los casos en que no haya habido consulta y una vez se hayan transmitido la sentencia y el certificado, el Juez Central de lo Penal podrá remitir un dictamen sobre la eventual ejecución de la condena en España y su contribución a la reinserción social del condenado.
Son susceptibles de transmisión y ejecución en otro Estado miembro de la Unión Europea o de recepción por las autoridades judiciales españolas competentes las siguientes medidas de libertad vigilada:
35. Reitera su llamamiento(forty two) a los Estados miembros para que mejoren las condiciones penitenciarias deficientes; pide a la Comisión que aproveche plenamente la posibilidad de financiar la modernización de los centros penitenciarios mediante los Fondos Estructurales de la Unión; recuerda, en este sentido, que en sus Conclusiones de 2018 sobre la promoción del reconocimiento mutuo fomentando la confianza mutua(43), el Consejo también invitó a la Comisión a promover el uso de los fondos de la Unión para ayudar a los Estados miembros a abordar del problema de las condiciones penitenciarias deficientes;
1. El Juez de Instrucción o de Violencia sobre la Mujer competente decidirá y comunicará a la mayor brevedad posible a la autoridad del Estado de emisión si reconoce la resolución y si asume la responsabilidad de la supervisión de las medidas de vigilancia.
E. Considerando que la cooperación judicial de la Unión en materia penal se basa en el reconocimiento mutuo formulado por el Consejo Europeo de Tampere de 1999; que el Tratado de Lisboa modificó significativamente la configuración constitucional de la Unión y proporcionó, en el artículo 82 del TFUE, una base jurídica expresa para las normas y procedimientos que garanticen el reconocimiento mutuo de las sentencias y resoluciones judiciales en todas sus formas;
two. Son autoridades competentes para reconocer y ejecutar la orden europea de protección, los Jueces de Instrucción o los Jueces de Violencia sobre la Mujer del lugar donde la víctima resida o tenga intención de hacerlo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artworkículo siguiente.
one. Si la orden europea de detención y entrega se hubiera emitido para el ejercicio de acciones penales, cuando weblink el reclamado sea puesto a disposición de la autoridad judicial española que emitió la orden, se convocará una comparecencia por ésta en los plazos y forma previstos en la Ley de Enjuiciamiento Prison o, cuando proceda, en la Ley Orgánica reguladora de la responsabilidad penal de los menores, a fin de resolver sobre have a peek at this web-site la situación personalized del detenido.
Estas consultas permitirán a la autoridad competente del Estado de ejecución verificar la identidad y el lugar de residencia del interesado y conocer toda aquella información contenida en el registro de antecedentes penales.
20. Pide a los Estados miembros que apliquen la Decisión Marco relativa a la orden de detención europea y las sentencias pertinentes del Tribunal en esta materia, así como otros instrumentos jurídicos en materia penal, de manera íntegra y sin retrasos; destaca que instrumentos como la Decisión Marco 2008/909/JAI relativa al traslado de presos, la Decisión Marco 2008/947/JAI relativa a la libertad vigilada y las penas sustitutivas, la orden europea de investigación, la orden europea de vigilancia o el Convenio Europeo sobre la Transmisión de Procedimientos en Materia Penal(38), complementan a la orden de detención europea y ofrecen alternativas útiles y menos intrusivas; subraya que la orden de detención europea solo debe utilizarse si se han agotado todas las demás opciones alternativas, y que los Estados no deben recurrir a la orden de detención europea en situaciones en las que una medida menos intrusiva produzca los mismos resultados, por ejemplo, las audiencias por videoconferencia o instrumentos conexos; insta a las autoridades de los Estados miembros a que utilicen, cuando sea posible, dichos instrumentos alternativos en lugar de emitir una orden de detención europea;
2. Son autoridades competentes para reconocer y ejecutar una resolución sobre medidas alternativas a la prisión provisional los Jueces de Instrucción o los Jueces de Violencia sobre la Mujer del lugar donde el imputado tenga establecida su residencia, respecto a los delitos que sean de su competencia.
a) Cuando la persona condenada haya tenido la oportunidad de salir de España y no lo haya hecho en el plazo de cuarenta y cinco días desde su puesta en libertad definitiva, o bien lo ha hecho pero ha vuelto después de haber salido.
2. La toma de declaración de la persona reclamada se llevará a cabo por la autoridad judicial de emisión que se traslade a España, con la asistencia en su caso de la persona que designe de conformidad con el Derecho del Estado de emisión, debiendo designarse intérprete a fin de que se traduzcan al español los aspectos esenciales de weblink la diligencia. Deberá practicarse en presencia de la autoridad judicial española, que velará porque la misma se practique según lo previsto por la ley española y en las condiciones pactadas entre ambas autoridades judiciales, que podrán incluir el respeto a los requisitos y formalidades exigidos por la legislación del Estado de emisión siempre y cuando no sean contrarios a los principios fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico.
Además, la entrega está sujeta a requisitos adicionales, tales como: que el sujeto solicitado no esté sometido simultáneamente a otro procedimiento cometido anteriormente (a menos que el sujeto haya abandonado el Estado donde fue entregado o haya regresado voluntariamente después de cuarenta y cinco días), que el delito no sea punible con una medida destinada a privar de libertad personal, y finalmente que el buscado haya dado su consentimiento a la entrega.